El reconocimiento internacional de la jurista Navi Pillay y las controversias que rodean a las instituciones internacionales recuerdan que la defensa de los derechos humanos exige independencia, rigor probatorio y garantías procesales, incluso en los conflictos más polarizados.

La defensa de los derechos humanos suele ser presentada como una cuestión de principios. Sin embargo, su aplicación concreta es una de las tareas más difíciles del derecho, toda vez que exige investigar hechos controvertidos, atribuir responsabilidades individuales y adoptar decisiones que pueden generar consecuencias políticas, económicas y diplomáticas de gran alcance.

El reconocimiento otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay con el Premio Nobel de la Paz de 2026 ha vuelto a situar la justicia internacional en el centro del debate. Su trayectoria está vinculada a la lucha contra la impunidad y a distintas funciones judiciales e institucionales en materia de derechos humanos. La controversia política que rodea a su trabajo también demuestra hasta qué punto las investigaciones internacionales pueden convertirse en objeto de confrontación entre gobiernos.

La relevancia jurídica del debate no depende de compartir todas las conclusiones de una comisión internacional ni de aceptar sin examen cada imputación. Depende de reconocer que los hechos que podrían constituir violaciones graves deben investigarse mediante procedimientos rigurosos, con evidencia verificable y criterios jurídicos previamente establecidos.

El derecho internacional distingue entre la existencia de un conflicto político y la determinación jurídica de responsabilidades. Que un Estado afirme actuar por razones de seguridad no excluye el examen de sus obligaciones internacionales. Del mismo modo, que una organización denuncie una posible infracción no significa que esa conclusión esté definitivamente acreditada. Las afirmaciones deben evaluarse según las pruebas, el mandato del órgano que las formula y el procedimiento aplicable.

Esta distinción resulta esencial en asuntos como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Cada categoría tiene elementos jurídicos propios. No basta con describir una situación como trágica, injusta o devastadora para establecer automáticamente la existencia de un crimen internacional específico. La gravedad de los hechos exige mayor precisión, no menor.

La independencia de quienes investigan también es indispensable. Los jueces, fiscales, y expertos deben poder examinar antecedentes sin recibir instrucciones indebidas de gobiernos, grupos armados o actores económicos. Pero independencia no significa ausencia de controles: los procedimientos deben respetar la competencia del órgano, la imparcialidad, la defensa y la motivación de las decisiones.

Para Chile, este debate tiene una dimensión institucional importante. La tradición de protección de los derechos humanos exige mantener una posición consistente frente a las denuncias de abusos, con independencia de la identidad política de los responsables. Esa consistencia requiere apoyar investigaciones serias, evitar conclusiones anticipadas y distinguir entre responsabilidad estatal, responsabilidad penal individual y responsabilidad política.

El sistema internacional también enfrenta un problema de cumplimiento. Una decisión judicial puede tener fundamento jurídico sólido y, aun así, encontrar dificultades para ejecutarse si los Estados no cooperan. La eficacia de las instituciones depende de mecanismos de colaboración, recursos y respaldo político suficiente para que sus resoluciones no queden reducidas a declaraciones simbólicas.

Sin embargo, la legitimidad internacional no se fortalece mediante la aplicación selectiva de las reglas. Si las mismas conductas reciben tratamientos diferentes dependiendo de quién las comete, la confianza en las instituciones disminuye. Esa percepción puede alimentar el rechazo a los mecanismos multilaterales y debilitar la protección de las personas que más necesitan una respuesta efectiva.

El reto consiste en sostener dos convicciones simultáneas. La primera es que ninguna persona o autoridad debe quedar automáticamente fuera del alcance de la justicia por su posición o influencia. La segunda es que nadie debe ser tratado como culpable sin que se respeten las exigencias jurídicas correspondientes.

Los derechos humanos no requieren que los tribunales sean infalibles. Requieren que existan instituciones capaces de investigar, escuchar a las partes, evaluar pruebas y adoptar decisiones revisables conforme al derecho. También exigen que los Estados cumplan las obligaciones que han asumido.

En una época de polarización internacional, defender los derechos humanos implica resistir tanto la impunidad como el juicio anticipado. La credibilidad de la justicia depende de que sus procedimientos sean tan rigurosos como los principios que pretende proteger.

Como abogados en Chile, nuestra labor debe ser defender los principios de justicia que encargan estos derechos inalienables, y así procurar que la ley ―o su aplicación― sea cada día más parecida a su fin último, la justicia.