Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional reabre una discusión esencial: si la justicia internacional pretende ser universal, ¿Puede sobrevivir cuando sus decisiones afectan los intereses de las principales potencias?

El derecho internacional enfrenta una de sus pruebas más complejas cuando las instituciones llamadas a perseguir los crímenes más graves entran en conflicto con los intereses de las grandes potencias. Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional vuelven a situar una pregunta fundamental en el centro del debate: ¿puede la justicia internacional ejercer sus funciones cuando sus decisiones incomodan a quienes concentran el poder político y económico?

La controversia no es menor. La Corte Penal Internacional (CPI), creada mediante el Estatuto de Roma, tiene competencia para investigar y juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo condiciones específicas, el crimen de agresión. Su existencia responde a una convicción esencial: la posición de poder no debe convertirse en una garantía de impunidad.

Sin embargo, la justicia internacional no opera en un espacio ajeno a las relaciones de poder. El 9 de octubre de 2026, Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas contra la institución, en un contexto de larga controversia por las investigaciones y órdenes de detención emitidas por la Corte. Washington sostiene que el tribunal ha excedido sus atribuciones en asuntos que afectan a ciudadanos estadounidenses y autoridades de países aliados. La CPI, por su parte, ha denunciado que las medidas amenazan su independencia y su capacidad operativa.

Es indispensable distinguir dos cuestiones. La primera es la legitimidad de cuestionar las decisiones de un tribunal. Ninguna institución judicial debe quedar exenta del examen de su competencia, de la crítica jurídica ni de la exigencia de respetar las garantías procesales. La segunda, muy distinta, es utilizar medidas de presión económica para obstaculizar el funcionamiento de una institución debido a las decisiones que adopta. La crítica jurídica y la interferencia política no son conceptos equivalentes.

También debe evitarse una simplificación frecuente: Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, por lo que no se encuentra en la misma posición jurídica que los Estados que sí lo han ratificado. No obstante, esa circunstancia no resuelve automáticamente todas las controversias sobre la jurisdicción de la Corte, que pueden depender de otros fundamentos jurídicos, del territorio en que ocurrieron los hechos y de las condiciones previstas en el propio Estatuto.

La independencia judicial perdería su sentido si quedara condicionada a la conveniencia de quienes deben someterse a la ley. Pero esa independencia tampoco exime a los tribunales internacionales de actuar dentro de sus competencias y fundamentar rigurosamente sus decisiones. La credibilidad institucional exige ambas cosas: autonomía frente al poder y responsabilidad jurídica en el ejercicio de la jurisdicción.

Para Chile, el debate tiene consecuencias concretas. Nuestro país es Estado parte del Estatuto de Roma y participa de un sistema cuya eficacia depende, en parte, de la cooperación internacional. La defensa de ese sistema exige una posición coherente: proteger la independencia judicial, respetar el debido proceso y examinar con rigor las controversias sobre competencia, sin convertir la afinidad política con una parte en criterio para aceptar o rechazar la justicia.

La respuesta tampoco debiera consistir en idealizar las instituciones multilaterales. La CPI enfrenta dificultades de ejecución, depende de la cooperación de los Estados y no dispone de una fuerza policial propia capaz de hacer efectivas todas sus órdenes. Precisamente por eso, las sanciones que dificultan su funcionamiento pueden tener efectos que excedan el caso particular que las originó.

La pregunta decisiva no es si los tribunales internacionales deben ser criticados; naturalmente, pueden y deben serlo. La cuestión es si las controversias se resolverán mediante argumentos jurídicos, procedimientos institucionales y mecanismos de revisión, o si prevalecerá la capacidad de imponer costos a quienes adoptan decisiones incómodas.

Una justicia internacional imperfecta requiere reformas, controles y decisiones fundadas. Lo que no puede convertirse en regla es que su legitimidad dependa de la identidad de la persona investigada o del peso geopolítico del Estado involucrado.

Si el derecho internacional solo puede actuar cuando no incomoda al poder, su universalidad dejará de ser un principio jurídico para transformarse en una declaración retórica. Es labor de nosotros como abogados no defender a una u otra postura, sino a reflexionar y replantearnos nuestro rol ante el ejercicio del derecho internacional.